JORNADA
Se impone auditoría técnica en Mutún

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lunes 4, abril 2011

El proyecto siderúrgico del Mutún, que se firmó hace cuatro años, no avanza y se ha limitado solamente a acumular concentrados de mineral que serán exportados para que en acerías del exterior se logre el valor agregado que, de acuerdo a los contratos, debería quedar en Bolivia. Originalmente, la empresa a Jindal Steel Bolivia (JSB) se había comprometido a invertir más de dos mil millones de dólares a un ritmo de más de un millón de dólares por día, de manera que siete años se debía estar produciendo acero y derivados, pero como van las cosas, este cronograma está totalmente desfasado.

Las causas son muchas, entre ellas algunos problemas reales y otros que son utilizados como pretextos por la contratista hindú. Lo lamentable es que la contraparte boliviana que es la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), tampoco se esmera en velar por el cumplimiento del contrato por parte de Jindal, y a su vez tramitar que el Estado honre los compromisos asumidos.

En más de tres años y medio de operaciones, la contratista debía haber invertido más de la mitad del monto comprometido, por lo menos mil millones de dólares, unos 300 millones de dólares por año.

Una evaluación a simple vista mostraría un resultado frustrante, por lo que ya ha llegado el momento de que se realice una auditoría técnica ya que hasta ahora no ha habido fuerza coactiva ni legal que actúe. Se sigue perdiendo el tiempo y se ha vuelto a comprobar la impresión de que la Jindal solamente se esmera en acumular concentrados para exportarlos como materia prima. Mientras tanto, los argumentos de la JSB se repiten. Antes fue la demora en la legalización de los predios donde opera la contratista, ahora es la demora en la conclusión de la carretera del Mutún a Puerto Busch que debe realizar la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), y pese a que no tiene un garrafa donde acumular gas, reclama que el gobierno se ha comprometido a suministrar gas natural para el funcionamiento de la planta.

Desgraciadamente, por las presiones regionales y de algunos intereses mezquinos, se ha forzado la entrega de la concesión a la Jindal que ha demostrado su falta de seriedad. El contrato precipitado es desventajoso para el país, ya que como parte del contrato se le entregará gas natural por un valor superior al rendimiento de la acería. Quienes han firmado ese contrato, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante la justicia.

Ejecutivos de la Jindal informaron que la firma tenía previsto realizar las primeras exportaciones de mineral en bruto a finales de marzo, a través de Puerto Busch. Hasta el momento se tiene acumuladas 250 mil toneladas de hierro en mineral de alta pureza.

Ahora la JSB dice que hasta abril del 2012, se invertirán $us. 600 millones (alrededor de $us 1,66 millones por día) que serán destinados para la construcción de las plantas de concentración y de pellets. Luego, las inversiones se completarán a $us. 1.500 millones en los primeros cinco años y hasta el octavo año $us. 2.100 millones. Esa es una interpretación caprichosa de los ejecutivos de la Jindal, porque según el contrato, firmado el año 2007, en este momento ya debía estar por concluirse la instalación de las plantas y hasta 2014 se debía estar produciendo acero y derivados, mediante tres plantas para la producción de hierro esponja y acero.

En el primer año se debía haber concluido el campamento, la subestación de energía eléctrica, la captación y depósitos de agua, los caminos de acceso, infraestructura portuaria, oficinas administrativas y otros. ¿Cuánto se ha avanzado? Realmente muy poco, pero la entidad encargada de fiscalizar y defender los intereses nacionales, como es la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) se conforma con recibir los cheques por un millón de dólares anuales por derecho de explotación, que por segunda vez efectuó la Jindal. Ejecutivos de la ESM señalan que pidieron a la contratista un informe técnico sobre la exportación anticipada de 250 mil toneladas de hierro en bruto para que pueda ser autorizada por el directorio. Este pedido debe ser negado hasta que una auditoría técnica certifique las inversiones realizadas, que a estas alturas, debería pasar de los mil millones de dólares.

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