JORNADA
¿Revolución verde, o cambio sangriento?

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Guido Pizarroso Durán
viernes 10, febrero 2012

Uno de los temas cruciales que debate la humanidad en forma global es la manera de conciliar el crecimiento económico, la creación riqueza, empleo, y el vivir bien, con la preservación del medio ambiente, y la protección de los bosques, selvas, el agua y el aire. Desgraciadamente, la producción agropecuaria que cada día debe alimentar a más bocas, las industrias generadoras de riqueza, valor agregado, bienes y empleo, así como el crecimiento de las ciudades en desmedro del área rural, colisionan con la naturaleza, y en el caso de Bolivia, el desarrollo también entra en contradicción con las normas legales, especialmente con la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

El desafío del momento es encontrar armonía entre la explotación de los recursos naturales, y el aprovechamiento de la naturaleza en beneficio del ser humano, con la llamada revolución verde que busca no solamente frenar la depredación, sino revertir el daño causado, y además evitar que el desarrollo enfrente a los más necesitados, como está ocurriendo en nuestro país con el TIPNIS. Para lograr es armonía se requiere del concurso de grandes esfuerzos, inversiones, investigación y, fundamentalmente, acuerdos que logren conciliar los intereses y eviten el enfrentamiento. Bolivia parecía haber alcanzado ese objetivo con el mandato constitucional de "promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales"..., mediante la "conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".

Lamentablemente, pisotear la CPE se ha hecho una costumbre. En este momento, se lo está volviendo a hacer con el empecinamiento del gobierno por destruir el territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, (TIPNIS) En los hechos ya ha desconocido la Ley que protege esa reserva nacional dictada en acuerdo con los indígenas de la región. Esta situación puede derivar en enfrentamiento, división y derramamiento de sangre, ya que se han polarizado posiciones que en este momento ya parecen irreconciliables, al haberse dispuesto una consulta a los indígenas, incluyendo a los campesinos y colonos que habitan en el polígono siete, denominado Conisur.

El propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aclaró que las 65 comunidades agrupadas en la Subcentral son las propietarias de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Mientras que las 68 comunidades asentadas en el Polígono 7, que están agrupadas en el Conisur, están fuera de la TCO, pero dentro del área protegida. En el Polígono 7 están asentadas varias comunidades agrarias, campesinas, de colonos e incluso indígenas que desarrollan actividades, tales como la producción de fruta, arroz, coca y otros. Ellos tienen su propia tierra y no son parte de la tierra comunitaria.

Una consulta, incluyendo a todos los habitantes del polígono 7, distorsionaría la voluntad de los propietarios del TIPNIS. Comprendiendo esta situación, varias instituciones representativas del país han alertado sobre los riesgos para la paz y tranquilidad al imponer esta forma de consulta. Si alquilen debe pronunciarse, aunque sea en forma tan a destiempo, deben ser los indígenas declarados propietarios del TIPNIS.

Ese es también el parecer de la Central Obrera Boliviana, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), representantes indígenas del CONAMAQ, y otras agrupaciones sociales que temen que la imposición del proyecto de Ley de Consulta Previa, sea una consulta póstuma, ya que puede ocasionar graves conflictos que se extenderían a otras regiones.

En una carta enviada al presidente Evo Morales, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó que la elaboración de "manera unilateral" del proyecto de ley con los dirigentes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), cuyas comunidades se encuentran en la zona colonizada del parque nacional, podría "aumentar los eventuales desencuentros al interior del movimiento indígena de tierras bajas y afectar su unidad y fortaleza, además de una serie de probables conflictos a nivel nacional".

Asimismo, la Asamblea Permanente de derechos Humanos, considera que la consulta es extemporánea y agregó que si el Gobierno y el MAS insisten con aplicarla generarán situaciones de polarización entre los pueblos indígenas con riesgo de conflicto. En Santa Cruz, dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ya están movilizados, algunos en vigilia, mientras sus dirigentes están recogiendo la opinión desde las bases, para definir sus nuevas acciones, que incluyen una nueva marcha.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, exigió al gobierno del presidente Evo Morales respeto a la Ley de Protección al TIPNIS, por lo que no descartan apoyar la novena marcha en defensa de la reserva nacional Isiboro Sécure.

Opinión
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