JORNADA
Momentos de incertidumbre

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martes 20, marzo 2012

Nos encontramos en el tercer mes del año 2012, tiempo en el que deberíamos tener paz en nuestro país, pero, al contrario, los problemas al parecer se ahondan cada vez más, tanto en lo interno como en lo externo, además que se presenta una visible zozobra sobre los paceños, que son los que tienen que "pagar los platos rotos", con bloqueos, manifestaciones y otra clase de movimientos que semiparalizan esta capital.

Exvíctimas y presos de las dictaduras políticas, desde hace días se dieron a la tarea de bloquear el Prado paceño, mientras que ahora tenemos a los cañeros de Bermejo en protesta por la no instalación de un ingenio en esa región, por cuanto se estableció que no existe la suficiente caña que justifique ese emprendimiento.

Médicos también en emergencia y paro, con la amenaza de una nueva marcha desde el TIPNIS, de los indígenas de ese parque nacional, que en encuentro con la mayoría de sus corregidores decidieron rechazar la construcción de la carretera proyectada y que ahora se encuentra a punto de ser considerada en un referéndum, gracias a la intervención de otros indígenas que se manifestaron en contra de la Ley que garantiza la intangibilidad de esa reserva natural.

Quizá existen más conflictos internos, dentro de una constante en el territorio nacional, que nos hace avizorar que existe inconformidad con muchas acciones gubernamentales o, por lo menos, hay sectores sociales que han preferido las calles para manifestar su protesta y no la vía del diálogo y la concertación.

En lo externo nos vemos nuevamente en un debate parecido al del 2003, cuando el gobierno de ese tiempo estuvo a punto de firmar un contrato para la instalación de una planta de licuefacción en un puerto chileno, para viabilizar la exportación de gas a mercados de ultramar y abastecer al vecino a la vez.

Además de ese contrato, también debía suscribirse otro por el que La Moneda nos iba a alquilar un puerto por 99 años, cerrándonos el paso definitivamente hacia nuestra reivindicación marítima, tema que, al parecer, ha sido tomado por cuenta de algún oficialista que remeda a los que preferían en ese tiempo el negocio que les sería redituable personalmente, pero que se convertiría en una lápida para nuestro derecho de soberanía en el Océano Pacífico.

Encima de ese dislate planteado, también nos encontramos en puertas de que se presente la demanda contra el incumplimiento chileno al Tratado de 1904, ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en medio de esa incertidumbre e indignación creados por el parlamentario masista.

Encima tenemos una nueva amenaza del Jefe de Estado de cerrar la Embajada norteamericana en La Paz, ante presuntos intentos de desestabilización de la misma al régimen, sin embargo al momento auspicioso que se había abierto con una declaratoria conjunta en diversos temas de interés común y el intercambio de embajadores, luego de tres años que nos quedamos sin ellos.

Y los derechos humanos de nuestra ciudadanía, son cuestionados por el Congreso paraguayo, el que se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investigue sobre posibles violaciones en Bolivia.

Sobre este caso, por cierto, el rechazo debía ser terminante ante la intervención y la intromisión de parlamentarios extranjeros sobre problemas internos en nuestra Patria, especialmente cuando se comenta sobre persecución política, cuando los que son investigados no lo son por su color político, sino por diversos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, como sucede en los temas de Santa Cruz, Pando y Beni.

De todas maneras vivimos un momento de desesperanza, que se alimenta con los avasallamientos a las cooperativas mineras, empresas privadas, por parte de comunarios y no comunarios, decididos a expulsar a quienes por años invirtieron tiempo y dinero para explorar y explotar minerales.

Ojala que las previsiones del Gobierno estén dirigidas a terminar con esta incertidumbre, con acciones de diálogo y concertación, además de cumplimiento de las Leyes, ofreciendo seguridad jurídica a todos los bolivianos.

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