JORNADA
¿Recuerdan los votos "no válidos"?

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Guido Pizarroso Durán
jueves 23, noviembre 2017

Las amenazas contra los ciudadanos que expresaron su voluntad de votar nulo, las actividades de amedrentamiento y las acciones irregulares del Gobierno y algunos miembros del Órgano Electoral, chocaron con la realidad y la firme decisión ciudadana de defender su derecho a concurrir a las urnas libremente y expresar su voluntad. El derecho a la libre expresión cercenado por funcionarios inescrupulosos también es defendido por el pueblo, y de esta manera, los venales vocales electorales no tuvieron alternativa que reconocer la vigencia de los derechos fundamentales que pese a ello, nuevamente están siendo vulnerados.

Desgraciadamente, se ha perdido un valioso tiempo en el que se pudo hacer tomar conciencia del grave daño que se está haciendo a la democracia, a la justicia y a los derechos ciudadanos. Efectivamente, cuando ya apenas faltan diez días para las elecciones judiciales, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, afirmó las expresiones ciudadanas sobre el proceso electoral, todas son legítimas, toda vez que se constituyen en parte fundamental de la vida, de la fortaleza democrática de nuestro país. Fue una respuesta frente a consultas sobre si existirá o no una sanción contra quienes promueven el voto nulo.

La funcionaria admitió que la ley plantea con claridad cuál es el derecho de los ciudadanos para participar, para decidir el próximo 3 de diciembre. De esta manera, en algo se mitigaron las amenazas contra los ciudadanos. Algunos medios de comunicación recordaron la opacidad de algunos miembros del TSE. Solamente queda como evidencia un comunicado del 2 de septiembre, cuya interpretación permite que, en pleno apego al derecho constitucional, a la información, y al principio de libertad de expresión, las manifestaciones ciudadanas sobre el proceso electoral y las preferencias de voto son válidas, legítimas y no suponen sanción alguna, toda vez que constituyen parte fundamental de la vida y fortaleza democrática de nuestro país. En la misma línea, el vocal del TSE, Antonio Costas, reiteró que mientras no se vulnere la normativa vigente para las elecciones judiciales, no se sancionará a los que expresaron su opinión a favor del voto nulo o blanco.

Desgraciadamente el daño está hecho. El Órgano Electoral debería ser el pilar fundamental de defensa de los derechos ciudadanos a ejercer su voluntad en las urnas. También debería ser el principal mecanismo de defensa de la democracia. Lamentablemente, su actuación muestra un lado obscuro que hace temer lo peor. La agitada vida política nacional y la misma historia, así como ejemplos en varios países, certifican que al fallar el sistema democrático dando paso a violaciones a las normas legales, a la Constitución Política del Estado, a la impunidad y al olvido de principios éticos, las salidas y soluciones por la vía del desastre se apoderan de los pueblos. Cuando el estado de derecho ha sido fracturado y las instituciones fundamentales han perdido credibilidad, surgen posiciones extremas, actitudes radicales y hechos que agravan la situación poniendo en riesgo el proceso democrático.

Las actitudes que los miembros del Órgano Electoral han asumido en los diferentes comicios que se han realizado en el país, tomando partido y violentando las normas legales, además de demostrar incompetencia operativa, administrativa, técnica y ética, pueden derivar en situaciones calamitosas. En este momento, el país observa con pena que la autoridad que dimana de la voluntad ciudadana y confiere el poder, se distorsiona inclinando a las autoridades de gobierno a actuar por encima del marco legal.

En casi todas las elecciones realzadas en la última década se han evidenciado serie de irregularidades, abusos, preferencias odiosas, limitaciones y discriminación. Inclusive reconociendo errores, excesos y omisiones se han validado situaciones comprometedoras. Recordemos que el año 2015, en Chuquisaca, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) identificó irregularidades que cometieron los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de ese departamento, desconociendo el derecho a apelar fuerzas de la oposición. Pese a las irregularidades la Sala Plena del TSE dio paso a que se consolidarán los resultados que dieron la victoria a al candidato oficialista en ese departamento, donde se eliminaron más de nueve mil votos que obtuvo el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que obligaban a ir a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. El argumento esgrimido por los funcionarios de la corte departamental electoral no tenía base jurídica, pues inventaba una categoría de votos que no existe en las normas. La ley solamente se reconoce votos válidos, votos nulos y votos blancos, pero se inventaron los "votos no válidos", para alterar los resultados.

Opinión
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