JORNADA
El conflicto médico

Imprimir Enviar
Guido Pizarroso Durán
jueves 30, noviembre 2017

La absoluta falta de interés, de ambas partes, por solucionar el conflicto de los médicos, parece intencional. Los médicos condicionaron la reanudación del diálogo con el Gobierno, a la abrogación del Decreto Supremo 3385 que modifica la norma 3091 sobre la Autoridad de Fiscalización y Control en Salud, tras fracasar la mesa de negociación. Hoy se cumple el octavo día de paro y no se vislumbra solución, ya que los dirigentes del Colegio Médico aseguran que no volverán a ninguna negociación hasta que reciban respuesta a su planteamiento. Por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, parece que no existe la menor intención de buscar soluciones ni atender el problema.

Una señal nítida se dio al postergar la primera reunión sin razón de fuerza mayor, y su decisión de mantener sin cambio el tema que dio origen al conflicto, que es el sentido del nuevo organismo creado para controlar al sistema de salud, ni atender el proyecto de nuevo código pernal que incluye la penalización por negligencia a los médicos. Esta falta de voluntad para solucionar un problema tan delicado, afecta directamente a la población que se ve sin alternativas, ya que el pueblo no puede irse al exterior ni siquiera a las clínicas privadas para hacerse atender, como lo hacen los jerarcas del gobierno.

Recordemos que la Constitución Política del Estado en su Art. 37 determina que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Pero como para este gobierno la CPE ya no cuenta, la ciudadanía queda a merced del abuso y la irresponsabilidad, ya que el gobierno central y la Asamblea Legislativa son directos responsables del conflicto al aprobar disposiciones contradictorias e incomprensibles, como el proyecto del gobierno para un nuevo código penal plagado de irracionalidades, algunas de las que fueron enmendadas después de reclamos de diferentes sectores. Pero dejaron pendiente la penalización a los médicos por mala praxis, que es una norma que rige las relaciones de la sociedad en gran parte de los países inclusive los medianamente organizados. Pero el proyecto boliviano penaliza a los médicos como si se tratará de criminales, cuando el sentido común orienta que si un médico se equivoca en su intención de salvar una vida, aún así refleja un propósito, una voluntad clara de asistir a un enfermo.

Si en el curso de una intervención quirúrgica o durante el tratamiento de una enfermedad surgen situaciones imprevistas, deben ser asumidas como lo que son, y no como un acto criminal. Es verdad que hay médicos irresponsables y la negligencia debe ser sancionada cuando se la comprueba más allá de toda duda. También es cierto que existen muchos médicos que mercantilizan el servicio de salud, y otros que carecen de principio éticos. Pero estas excepciones no pueden ser generalizadas para condenar y estigmatizar una profesión y un servicio.

Actuar ciegamente contra los médicos o contra cualquier otra profesión, puede llevar a consecuencias lamentables, con el riesgo de éxodo de los más calificados. Más aún si se toma en cuenta las precarias condiciones de los hospitales públicos, la falta de equipos, instrumental, medicamentos, y hasta espacios, ya que quien vaya a visitar un hospital verá enfermos en camillas o camas improvisadas hasta en los pasillos.

En esas condiciones ¿se puede pedir un trabajo de excelencia? La semana pasada el gobierno se opuso a la ampliación del Hospital de Clínicas de La Paz. Estos son hechos, realidades y evidencias de quienes son los responsables.

Como consecuencia de esta situación, los médicos continúan movilizados, han paralizado labores por más de una semana y advierten con medidas radicales en caso de persistir la hostilidad contra este sector. Existía la posibilidad de que se logre una rectificación que encamine una solución efectiva. Los presidentes de la Cámara de Senadores José Gonzales y de Diputados Gabriela Montaño, junto a los representantes del Colegió Médico de Bolivia, acordaron dejar en suspenso la sanción del artículo 205 del proyecto de Código del Sistema Penal, en lo que corresponde a mala práctica profesional.

Los dirigentes de los médicos debieron presentar su posición para que sea tomada en cuenta, y de lograrse un acuerdo, se abriría una ruta de respeto a la institucionalidad, pero decepciona la ineficiencia de las autoridades del Ministerio del ramo, que han demostrado que no están a la altura de profesionales que puedan conducir políticas de Estado como la salud pública.

Opinión
© 2001-2017 JornadaNet.com y JORNADA son editados por Aurios S.R.L. en La Paz, Bolivia. Teléfono: 591 2 2407789 Fax: 591 2 2487487