JORNADA
Legalidad y legitimidad del poder

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Guido Pizarroso Durán
viernes 1, diciembre 2017

La sentencia del Tribunal Constitucional (TCP) que habilita al presidente Evo Morales para postular en forma indefinida a la Presidencia, es un golpe a la democracia, a la Constitución Política del Estado, al ordenamiento legal y a la voluntad popular, que en un referendo rechazó una nueva postulación de los actuales gobernantes. Es, al mismo tiempo, un antecedente funesto en la actuación del TCP, organismo que debe velar por el cumplimiento de la carta magna y el pacto social, pero en lugar de proteger y hacer respetar sus preceptos, sus miembros se ha convertido en perpetradores de graves transgresiones.

Lo más grave, es que este organismo no tiene mandato para modificar la Constitución ni desconocer el referendo del 21 de febrero. Además en el momento de emitir la sentencia los actuales miembros del TCP, ya no tenían competencia legal, pues su mandato feneció el 22 de octubre pasado.

Juristas y constitucionalistas se pronunciaron para argumentar la ilegalidad de la determinación y plantear que se inicien acciones por prevaricato. Los argumentos son muchos, y entre ellos destaca el hecho de que los miembros del TCP actuaron sin competencia, puesto que cesaron en sus funciones -ipso jure el 22 de octubre de 2017, fecha en la que debieron ser elegidos los nuevos magistrados. El período de mandato de los magistrados es de seis años improrrogables. Fueron electos el 16 de octubre de 2011.

Otro grupo de juristas señaló que los integrantes del TCP, actuaron "ultra petita" y sin que hubiera denuncia de los supuestos afectados en sus derechos humanos, Evo Morales y García Linera, y "los habilitó en forma indefinida a postular en elecciones, citando el Art. 23 del Tratado de San José de Costa Rica, que hace viable la interposición de la demanda ante la Corte Interamericana". Indicaron que la sentencia del TCP, tendría que ser anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, toda vez que el gobierno presionó, mediante movilizaciones de militantes del partido gobernante, para que los 7 denominados tribunos, cometan flagrante prevaricato.

Asimismo, la determinación del TCP motivó protestas generalizadas que ya se expresaron en las diferentes ciudades capitales del país con diversas expresiones de rechazo. Las movilizaciones coincidieron en exigir al Gobierno cumplir y respetar los mandatos de la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo expresada en el referendo que dijo No a una nueva reelección.

Un hecho que debe tomarse en cuenta al considerar la legalidad y legitimidad de una acción, son los antecedentes de quienes actúan. Diferentes medios de comunicación publicaron antecedentes judiciales de los magistrados que aprobaron la sentencia Constitucional 0084/2017, que habilita a Evo Morales a ser candidato indefinidamente. En primer lugar, fueron elegidos por voto popular en las elecciones de 2011, pero ninguno de ellos superó el 6 por ciento de los votos. Juntos tienen en total 57 procesos en su contra.

Es necesario recordar que la legitimidad nace de la legalidad. Evo Morales fue elegido por mayoría absoluta por el pueblo el año 2005, y su gobierno fue revestido de legalidad y respeto, porque se cumplió el ordenamiento jurídico. Las posteriores elecciones y la aprobación de la nueva CPE, dieron un marco legal al régimen. Pero ahora, al violentarse la Constitución Política, se ha perdido tanto la legalidad como la legitimidad de quienes en este momento detentan el poder, y esta situación, desgraciadamente puede abrir vías indeseadas por todos al haber quedado comprometida la institucionalidad.

Bolivia vive en este momento un episodio clave de su lucha por edificar las bases de la democracia, perturbada por señales preocupantes sobre la vigencia plena de derechos y libertades. El largo trayecto que ha vivido el pueblo, los partidos políticos y las instituciones desde la recuperación del poder que se encontraba en manos de los militares, permite afirmar que los principios de libertad y ejercicio pleno de las garantías están arraigados en el pueblo, pero todavía son permeables a distorsiones que ponen en riesgo la calidad de la democracia. Efectivamente, algunos partidos y grupos de poder están logrando torcer los principios democráticos que tanto dolor y sacrificio han costado a la ciudadanía, violentando las normas constitucionales y los objetivos nacionales.

Opinión
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