JORNADA
Calificación negativa de fin de año

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José Manuel Loza Oblitas
martes 26, diciembre 2017

A fines de año, en estos días, los medios de comunicación especialmente realizan evaluaciones anuales sobre la labor del Gobierno, destacando los hechos positivos y negativos, en los diferentes campos de actividad que corresponde administrar a las autoridades que fueron elegidas por el pueblo.

Seguramente una calificación negativa será la respuesta social que ha ofrecido en el último tiempo, con la huelga y otras medidas que han adoptado los médicos y el sector de salud en contra de un artículo del Código Penal y un decreto de fiscalización del Ministerio de Salud.

Si bien han existido diálogos tanto a nivel del Órgano Legislativo como Ejecutivo, éstos no han llegado a una solución, por cuanto el gobierno ha preferido aplicar las normas, sin mucha convicción para efectuar reformas propuestas por el sector en conflicto.

Lo lamentable es que las medidas de presión han continuado en estas fiestas de fin de año, con el apoyo de otras organizaciones profesionales y también universitarios, como los alumnos de la Universidad de San Andrés, quienes han denunciado la violación de la autonomía universitaria por parte de los policías.

En lugar de buscar consensos y un nuevo diálogo, las autoridades han cerrado ese camino y, más bien, han optado por ingresar a acusaciones en contra de dirigentes y políticos, identificando el movimiento social como parte de la campaña norteamericana en contra del gobierno.

Esta posición nos llama la atención, ya que, al parecer se incursionará a denunciar un golpe de Estado o un movimiento de subversión en el país, que permita abrir el camino a la adopción de medidas represivas, como se lo hizo en algunas oportunidades a fin de desmovilizar a los sectores en conflicto.

Sería lamentable que se busque el enfrentamiento, cuando el tema involucra una mirada profunda no sólo a la posición de los médicos, sino a la salud en general, la que atraviesa una crisis lamentable, tanto en infraestructura, en equipamiento y en la falta de profesionales en diferentes nosocomios, de una obligación prioritaria que se tiene por mandato de la misma Constitución Política del Estado.

Al convertir el problema social en político, es un paso que nos debe preocupar, especialmente en este momento en el que aún se encuentra pendiente de una aclaración nacional e internacional sobre la participación del Primer Mandatario en las elecciones del 2019, pese a los resultados del referéndum del 2016, que cortaron ese paso a una cuarta reelección, que contradice totalmente al mandato popular por efecto de un fallo del Tribunal Constitucional.

Seguramente las medidas y la presión del sector de salud continuarán, frente a la respuesta gubernamental, con el apoyo militante de otras organizaciones, que nos harán arribar al nuevo año con una Bolivia en conflicto, en el que no habrá tiempo para luchas ideológicas o políticas, como lo anuncio el jefe del oficialismo, sino en solucionar los efectos de una acción represiva que puede tener desenlaces fatales.

Esperemos que en la administración del Estado predomine la cordura la y la razón, a fin de retornar a la mesa del diálogo, en lo que se refiere al conflicto médico, y dejar de convulsionar con las pretensiones de una reelección indefinida.

Opinión
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