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Maldivas, en estado de emergencia y creciente tensión política

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Colombo, (EFE)
martes 6, febrero 2018

El Gobierno maldivo declaró el estado de emergencia, en medio de un aumento de la tensión por la decisión del mandatario, Abdulla Yameen, de no acatar un fallo del Supremo que rehabilita a doce diputados opositores y anula la condena contra nueve opositores, entre ellos el expresidente Mohamed Nasheed.

Por segunda vez en dos años y mientras se vive una creciente crisis en el archipiélago, el Ejecutivo anunció esta medida en un intento de paralizar la decisión de la máxima instancia, que abre la puerta a que Nasheed vuelva al país y se presente a las elecciones del próximo agosto, además de devolver la mayoría parlamentaria a la oposición.

Un portavoz de la Presidencia maldiva, Ibrahim Hussain, confirmó a Efe la declaración del estado de emergencia durante quince días, un anuncio que el Gobierno difundió con detalle en las redes sociales.

"Durante este periodo, aunque algunos derechos se verán restringidos, los movimientos en general, los servicios y los negocios no serán afectados", indicó la Presidencia en Facebook.

Agregó que la seguridad de todos los maldivos y los extranjeros que visiten el archipiélago está garantizada.

La máxima instancia judicial anuló el jueves pasado las condenas contra los nueve opositores y ordenó un nuevo juicio y la liberación de los encarcelados porque, consideró, fueron sentenciados tras investigaciones "motivadas políticamente" y jueces "indebidamente influenciados", en una decisión completamente inesperada que ha sumido al país en la incertidumbre.

Poco antes de la declaración del estado de excepción, Yameen había enviado tres cartas al máximo órgano judicial pidiéndole que revisase su dictamen, ya que "podría llevar potencialmente a socavar la supremacía de la Constitución".

En sus misivas, difundidas en la pagina web de la Presidencia, el dirigente argumentaba que la anulación de las condenas y la petición de nuevos juicios podrían llevar a que solicitaran lo mismo "convictos por homicidio, robo o abuso de niños".

Para Yameen, la decisión del Supremo derivó "en una intrusión en los poderes reguladores del Estado, la alteración de las funciones otorgadas por la Constitución a las instituciones del Estado y la vulneración de la seguridad nacional y el interés público".

El expresidente Nasheed, por su parte, condenó la declaración del estado de emergencia y afirmó en un comunicado difundido en Colombo que es equivalente a la imposición de la ley marcial en el país, además de ser "inconstitucional e ilegal".

"Nadie en Maldivas tiene que, ni debe, seguir esta orden ilegal", afirmó en un comunicado, en el que criticó el retraso "deliberado" en la implementación de la orden del Supremo, entre "informaciones" que hablan de una creciente presión al presidente del órgano.

Los 37 diputados opositores del Parlamento advirtieron de que el rechazo del Gobierno a aplicar la sentencia junto a la "violencia" policial y creciente "militarización" podrían desencadenar en disturbios por todo el país.

Así lo alertaron en una carta difundida por el opositor Partido Democrático Maldivo (MDP), del expresidente Nasheed, que el pasado año formó una coalición junto a otras tres fuerzas políticas del archipiélago contra Yameen.

En esta línea, la subdirectora de Amnistía Internacional (AI) para el Sur de Asia, Dinushika Dissanayake, calificó la declaración del estado de emergencia de "extremadamente preocupante" e instó a que se respeten los derechos humanos en estos momentos de tensión política.

"Las autoridades maldivas tienen un terrible historial de reprimir la libertad de expresión y cualquier forma de oposición, un patrón de conducta que se ha intensificado en años recientes", señaló Dissanayake en un comunicado de AI.

Los gobiernos de la India y China, las principales potencias en la zona, han emitido advertencias a sus ciudadanos recomendando no visitar el archipiélago.

Maldivas se encuentra en medio de una grave crisis institucional y política desde que una explosión en el barco del presidente, en la que resultó herida la primera dama, llevó al dirigente a denunciar en 2015 una serie de supuestos intentos de magnicidio.

Esas denuncias llevaron a la detención de varios altos cargos del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente Ahmed Adeeb y el fiscal general Muhthaz Mushin, que en 2016, cuando aún ocupaban sus cargos, fueron acusados de intentar asesinar al presidente y sentenciados a 15 y 17 años de cárcel, respectivamente.

El expresidente Nasheed, el primero elegido democráticamente en el país, fue condenado por la detención ilegal de un juez durante su mandato, en un polémico y mediático proceso que su formación siempre aseguró que había estado plagado de irregularidades.

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