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Parlamento de Ecuador aplaza la votación de controvertida ley de comunicación

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Quito, (EFE)
jueves 12, abril 2012

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aplazó ayer la votación de un controvertido proyecto de ley de comunicación, que para el oficialismo democratizará y mejorará la calidad de la información, mientras que para la oposición permite que el Gobierno controle los medios.

Entre los puntos peliagudos están la creación de un ente regulador que controlaría la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, así como la redistribución del espacio radioeléctrico.

Según la propuesta, el 33 % de las frecuencias quedaría en manos de los medios privados, otro 33 % de los públicos y un 34 % de los comunitarios.

Actualmente, un 85 % de las radios y un 71 % de las televisiones son privadas, de acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El presidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero, había marcado la votación para ayer, pero al final la canceló después de que el pleno acordara votar artículo por artículo el proyecto de ley, que cuenta con 127 artículos y 20 disposiciones.

Cordero opinó que ese proceso "no estaba en los escenarios" planteados, por lo que instó a Mauro Andino, presidente de la Comisión de Comunicación y miembro del oficialista Movimiento Alianza País, a que alcance acuerdos con otros legisladores para someter a votación sólo los artículos en los que hay discrepancias.

Alianza País cuenta con 49 escaños y cuatro miembros del Partido Socialista suelen apoyarle, pero aun así le faltan 10 para llegar a los 63 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en el parlamento unicameral ecuatoriano, que tiene 125 miembros.

En la sesión de ayer César Montúfar, legislador de la opositora Concertación Nacional Democrática (CND), propuso que se archivara la propuesta, al considerar que "es violatoria a las normas de respeto a libertad de expresión consagradas en la Constitución", y que se elaborara otro proyecto.

No obstante, su moción solo logró 36 votos a favor, frente a 64 en contra y 24 abstenciones.

La Constitución de Ecuador, ratificada en 2008, obligaba a que en un año la Asamblea aprobara una ley de comunicación, pero no hubo acuerdo para ello.

El presidente del país andino, Rafael Correa, rescató el tema al incluirlo en un referendo el año pasado, en el que los ecuatorianos dieron su apoyo a la creación del consejo regulador de contenidos de los medios de comunicación.

En su intervención en la sesión de ayer, Andino aseguró que con este proyecto de ley "será posible la democratización de la comunicación" y una "redistribución más equitativa" de los espacios radioeléctricos.

Eso, según Andino, permitirá "que los pobres, los excluidos, los silenciados tengan voz propia en los medios de comunicación", mientras que se limitará el uso de la comunicación por parte de los grandes monopolios y grupos de poder.

Por su lado, Montúfar dijo a Efe que el 33 % destinado del espectro radioeléctrico destinado a los medios públicos servirá para transmitir las posturas del Gobierno.

Además, el espacio de los medios comunitarios "va a ir a parar a organizaciones afines al Gobierno. No hay ningún tipo de democratización, sino que hay una concentración y un monopolio de los medios a manos del Gobierno".

Asimismo, opinó que con el proyecto se pretende entregar a Correa "el control de un Consejo de regulación para castigar a los medios de comunicación".

En cambio, apoya el proyecto de ley la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, que estuvo aliada a Correa pero que en los últimos años ha tenido un papel opositor.

Su presidente, Humberto Cholango, dijo en un comunicado reciente que la propuesta de ley debe "democratizar el Estado" e hizo énfasis en la redistribución del espectro radioeléctrico.

Las nuevas frecuencias a radios comunitarias podrían ir a organizaciones sociales como las que integran la Conaie.

Si la Asamblea Nacional aprueba finalmente el proyecto de ley, se lo enviará a Correa, quien tiene derecho a vetarlo, mientras que si lo desestima se puede enviar a la Corte Constitucional, dado que el parlamento no habrá respondido al mandato popular.

Ese tribunal dará a la Legislatura un plazo, normalmente de 90 días, para que apruebe el proyecto o si no emitirá una ley transitoria hasta que haya una definitiva.

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