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Retardación de justicia y corrupción en Bolivia

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José Manuel Loza Oblitas
martes 31, marzo 2009

La retardación de justicia en nuestro país, es una norma que proviene desde hace muchos años, debido a un sistema en el que la corrupción es uno de los parámetros del funcionamiento de muchos operadores, los que actúan de acuerdo a las circunstancias y a la influencia, ya sea social, política o económica, de los eventuales contendientes que presentan sus casos en los estrados judiciales.

En materia familiar, no es de extrañar, por ejemplo, que el esposo o la esposa que se encuentran en los trámites de divorcio o de tutelaje de los hijos, reciban presiones por parte de abogados y jueces, para que depositen determinadas cantidades de dinero, las que, muchas veces, corresponden a varios meses de la pensión que recibirán para la manutención de los menores.

En los casos más graves, narcotráfico, defraudación, estafas, etc., es cuando el tráfico adquiere una mayor fuerza, considerando que, por medio, se juegan importantes sumas de dinero, además de la misma libertad de los acusados, quienes, como es lógico, cuentan con los medios suficientes para comprar conciencias y que los procesos resulten a su favor o, por lo menos, se retrasen hasta llegar al tiempo de prescripción.

Sentenciados en primera instancia por asesinato, narcotráfico u otros delitos, acuden a la segunda y tercera instancia, además de utilizar todos los recursos de la "chicanería", para lograr primero el cambio de medidas cautelares, a fin de que su detención sea domiciliaria para que, al final, todos se olviden de él y aparezcan como "víctimas" del sistema judicial e, incluso, como "perseguidos políticos", hasta lograr la absolución por irregularidades en los procedimientos y "falta de pruebas".

Son miles de casos los que se ventilan ante los Juzgados de las diferentes instancias, ante las Cortes de Distrito, ante la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, ante el Tribunal Constitucional, en cuyos corredores transitan ciudadanos afligidos por la retardación y la falta de fondos para responder a las exigencias de los administradores de justicia, mientras que sus oponentes, con mayor latitud económica, logran sus fines, consolidando el delito con el cobro de "daños y perjuicios" a las verdades víctimas.

Autos redactados por los propios interesados y no por los operadores, testigos falsos proporcionados por los funcionarios, con diferentes montos de retribución, tráfico de influencias y otras anomalías, son ya una costumbre en la que los miembros de "la colmena de la justicia" trabajan diligentemente, desde los ujieres y tramitadores hasta las más altas instancias.

Existen, evidentemente, dignos y honrados jueces, vocales y magistrados, pero éstos son sobrepasados por la corrupción, la que los obvia por medio de los recursos legales, recusaciones, para que los casos que tienen en manos pasen a otras instancias.

Juicios que, pese a lo que determinan los procedimientos, duran años, mientras los que usufructúan, por ejemplo, bienes producto de herencias, lo siguen haciendo, mientras sus familiares tienen que seguir recurriendo a los estrados judiciales, sin mayores esperanzas de que les reconozcan sus derechos, o que rematen los bienes o exista una división justa.

Esos ejemplos y muchos más, son de comidilla pública y privada. Basta que uno se interese o esté inmerso en algún caso, para conocer las reglas de este "negocio" judicial. Los que lo denuncian, por supuesto, no tendrán las pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones, por cuanto la corrupción es "en efectivo, lejos de la mirada del público y por medio de intermediarios", que también tienen su parte en el mismo.

Casos de índole mayor, como los juicios a funcionarios del Estado que defraudaron fondos económicos, tardan el equivalente a varias generaciones, como es el caso del juicio de responsabilidades interpuesto por genocidio al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el que recién llegará a su fase de juicio oral, después de muchas presiones de la ciudadanía, aunque en el trámite continuará imperando el poder de quien fue partícipe en el nombramiento de determinados magistrados, los que le deben favores que deben retribuir.

La corrupción, lamentablemente, se ha hecho una norma en la vida de los bolivianos, no sólo en la administración de justicia, sino en otras instancias estatales, tal como lo pudimos comprobar recientemente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Muchos funcionarios no acceden a puestos públicos por los salarios magros que pueden percibir, sino por el tráfico que pueden ejercer desde los mismos, para enriquecerse ilícitamente.

Se impone el cambio, pero ese cambio, lamentablemente, obliga a la destrucción de lo corroido y a la sustitución total de lo que ya no sirve, aunque en ese proceso también sean afectados muchos inocentes, que accedieron a esas fuentes de trabajo por necesidad.

Opinión
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