Editorial | La "Ley Corta" y la mayoría parlamentaria

lunes 06, septiembre 2010

La "Ley Corta" y la mayoría parlamentaria

lunes 8, febrero 2010

La administración de justicia, en nuestro país, se encuentra en una etapa de transformación, de acuerdo a lo que dictamina la nueva Constitución Política del Estado, cambio que será una realidad a partir de enero del próximo año.

De acuerdo a lo que señala el proyecto de la denominada "Ley Corta", que actualmente se encuentra en consideración de la Cámara de Diputados, las elecciones para Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y de los miembros del Consejo de la Magistratura, se llevarán a cabo el 5 de diciembre próximo.

En ese instrumento jurídico, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, se amplía el mandato del Fiscal General de la República, a quien se la asignan atribuciones de nombrar, directamente y de manera interina, a los Fiscales.

Igualmente, semejante atribución, se le confiere al Presidente de la República para nominar con carácter interino a las autoridades de cargos acéfalos, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional y Miembros del Consejo de la Judicatura.

En lo que se refiere al funcionamiento del Tribunal Constitucional, en este período, que lo podemos considerar de transición, éste solamente tendrá competencia para la revisión y liquidación de recursos presentados hasta el 6 de febrero del 2009, o sea antes de la aprobación de la Constitución, la que ha tenido muchas demandas de inconstitucionalidad ante esa organismo acéfalo.

Ese es el fondo de lo que contiene la mencionada "Ley Corta", la que ha encontrado el rechazo por parte de la oposición, la que considera que infringe lo que manda la Carta Magna, dejando que sea el Jefe del partido masista el que designe a autoridades judiciales, las que, según sus voceros, responderán a los deseos y designios del poder Ejecutivo.

Aunque, podemos afirmar, el comportamiento de los opositores se concretará a la denuncia pública y también en las plenarias, pero sin los efectos que hubiese deseado, como ocurría en la anterior gestión, ya que el oficialismo cuenta con más de dos tercios para aprobar leyes, sin precisar de consenso y menos de negociación con la oposición.

A esta mayoría se la ha denominado "rodillo", y es considerada por la oposición como antidemocrática, pese a que fue el pueblo el que votó en un 64 por ciento para que el masismo tuviese el pleno control de dos Poderes del Estado, que puede extenderse también al Judicial, en las elecciones de diciembre de este año, aunque se asegura que para la ocasión se presentarán los mejores candidatos, representados por profesionales probos y con una intachable hoja de vida y no precisamente militantes de la organización política en el poder.

La aspiración de cualquier Gobierno, al menos desde que se reinstauró la democracia en 1982, fue lograr la mayoría en el Congreso, que se tradujera en los dos tercios, para evitar lo que le sucedió al Dr. Hernán Siles Zuazo, que con un Parlamento opositor y mayoritario, se le obligó a recortar su mandato constitucional por un año.

Aunque, debemos señalarlo, esa aspiración de los dos tercios, se cumplió en el pasado, no por el efecto del voto ciudadano por un partido político, ya que el que más votos tenía, no pasaba del 30 por ciento del apoyo en las urnas, sino por medio de la conformación primero de "coaliciones" y luego "megacoaliciones", de las diferentes organizaciones de la misma línea o no, las que se dividían y "cuoteaban" la administración estatal, en todos los campos, incluso en el judicial.

Tiempos en los que también se aplicaba el famoso "rodillo" en el Parlamento, sin que los que lo usaban indiscriminadamente, lo desconocieran como antidemocrático, sino que lo denominaban alianza para la "gobernabilidad".

La "Ley Corta", seguramente, será aprobada por esa mayoría de parlamentarios del oficialismo, sin necesidad de negociaciones o negociados, que antes eran una norma de la convivencia política y un azote para los bienes y el dinero del Estado, empero se espera que se actúe con patriotismo.