JORNADA
Lunes 22, diciembre 2014
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La reintegración marítima es un mandato constitucional

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martes 23, marzo 2010

Los bolivianos recordamos hoy uno de los episodios más desgraciados de la historia del país, como es la invasión chilena, que derivó en el enclaustramiento geográfico de Bolivia. Este 23 de marzo, como se lo hace dese hace 131 años, es un día de luto que recuerda el sacrificio del héroe civil Eduardo Abaroa, en la defensa de la integridad territorial, junto a un grupo de valerosos ciudadanos.

Pero esta recordación, que sin duda reaviva la necesidad de una reparación, no puede alejarnos de la realidad que nos permita analizar objetivamente el tema marítimo, rescatando todo lo que se avanzó en el pasado al haber logrado resoluciones tanto de la OEA como de la ONU, así como el respaldo decidido de la comunidad internacional para una solución, a un problema que además del despojo territorial, ha tenido consecuencias de asfixia para un país que se ha visto privado de acceder libremente al Océano Pacífico y al mundo.

Por ello es necesario de una vez apelar a la justicia internacional, prevista en los Tratados con Chile, para encontrar un camino viable, que sistemáticamente ha sido negado por los diferentes Gobiernos chilenos, pese a la buena voluntad y señales de acercamiento que han demostrado cuatro de los cinco últimos Gobiernos nacionales. La administración de Michelle Bachelet ha demostrado, inclusive más allá de la prudencia, su voluntad de acercamiento, traducida en negociaciones directas sobre una agenda de 13 puntos. Lamentablemente, como ocurrió en otras oportunidades, se avanzó en todo menos en el tema de fondo, que es el marítimo, y es mencionado en la agenda, pero que no ha merecido atención alguna. Inclusive en el tema del Silala, se ha concedido y renunciado tanto, que el pueblo potosino y la comunidad nacional rechazaron los términos de la propuesta.

Los negociadores de ambos países llegaron en agosto del año pasado a un acuerdo preliminar sobre el Silala, que establece que Bolivia cobrará a las compañías del norte de Chile un 50 por ciento del valor de las aguas que usan, mientras se realizan estudios científicos conjuntos. Esos estudios determinarán -en un plazo de cuatro años-, si el Silala es un manantial, como sostiene Bolivia, o un río, como pretende Chile. Sin embargo, los dirigentes campesinos y el Comité Cívico potosino exigen que ese preacuerdo precise que el Silala es un manantial cien por ciento boliviano, y que Chile reconozca la deuda histórica. El rechazo de la ciudadanía obligó al Gobierno a comprometer una consulta nacional, antes de firmar cualquier acuerdo.

El Gobierno de Evo Morales, ha desarrollado un inédito proceso de acercamiento hacia Chile en varias áreas. Los avances han sido positivos en lo que se refiere a acercamientos, intentos por crear confianza y despejar trabas comerciales, pero en los asuntos fundamentales no se logró nada. Ahora, con el cambio de Gobierno en Chile, el relacionamiento necesariamente sufrirá un cambio justificado por las circunstancias, y fundamentado en dos hechos que necesariamente deben obligar a poner los pies en la tierra a nuestros diplomáticos. El primer hecho es la posición que fijó el nuevo Presidente de Chile, Sebastián Piñera, al señalar que "a Bolivia hay que darle todas las facilidades del mundo para que acceda a nuestros puertos, pero jamás les vamos a entregar ni tierra, ni mar, ni soberanía, porque (esos territorios) nos pertenecen legítimamente". El segundo hecho, representa una señal y un mensaje contundentes, al designar como nuevo Cónsul General, con rango de Embajador, a un diplomático de carrera, como Jorge Canelas Ugalde, que hizo suya la posición de que "el mejor estado de nuestras relaciones con Bolivia es no tener relaciones".

Esperemos que estas claras evidencias, sobre la animosidad chilena, permitan que la posición boliviana sea reconducida. El sentimiento sobre el tema marítimo es muy profundo y constituye uno de los pocos objetivos que unen a los bolivianos por encima de las conveniencias políticas de coyuntura, los negocios que algunos sectores pretenden priorizar o el olvido que otros propugnan, ignorando una realidad lacerante que impide a Bolivia conectarse libremente con el mundo, y que ha perjudicado su desarrollo integral.

Bolivia tiene un mandato que las autoridades están obligadas a cumplir y respetar. La demanda de Bolivia para un acceso directo y soberano al Océano pacífico, ha sido ratificada por un referéndum, que no da margen a interpretaciones capciosas; y la nueva Constitución Política del Estado, en su Art. 267, determina que "El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo", además de reclamar "el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio".

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