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Martes 12, diciembre 2017
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Loable decisión parlamentaria

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miércoles 6, diciembre 2017

El reconocer errores y rectificar caminos, tiene que ser una de las virtudes de los políticos, los que están obligados a consultar a las partes interesadas cuando de por medio existen o se plantean normas que pueden afectarlas.

En las últimas horas ha sido motivo de alarma y preocupación, el proyecto de ley de "información responsable", que se encontraba en trámite en la Cámara de Diputados, gestión que, de acuerdo a las versiones solamente fue de iniciativa de algunos parlamentarios, sin la anuencia y consenso del oficialismo.

El proyecto legislativo planteaba que toda información sea "obtenida de manera lícita" y sea transmitida "sin modificación alguna", bajo cargos penales contra los ejecutivos de los medios que no acaten lo establecido en la norma.

También indicaba que el Ministerio de Comunicación debía "aplicar adecuadamente" la norma, mediante una reglamentación a medios de comunicación privados y públicos.

El rechazo y las repercusiones han obligado a los máximos de ese cuerpo legislativo para retirar definitivamente este proyecto, que pretendía controlar el flujo de información y levantar el secreto de fuente.

La libertad de expresión y de prensa, garantizada por la Constitución Política del Estado, no siempre es del agrado de quienes asumen el poder, los que piensan que la noticia son ellos y que sus actos no deben ser investigados y menos criticados, tratando de cubrirse con un velo de impunidad.

No comprenden que los periodistas y los medios cumplen con su obligación con la sociedad, que no es otra que la de informar en forma objetiva de todos los acontecimientos que interesan al pueblo, en lo que se refiere a la administración de sus recursos y la preservación de sus derechos, obligación que está a cargo de los gobiernos.

Antes de ahora han sido constantes esos intentos de "amordazar", no sólo en este Gobierno sino también en otros, lo que se ha evitado gracias a la decidida acción de los periodistas en defensa de los derechos populares, aunque, como no podía ser de otra manera, se imponen medidas represivas que están dirigidas a restar independencia económica.

Pero lo loable, como ha sucedido en esta oportunidad, es que se reconozca que se había introducido un proyecto de "contrabando", sin conocimiento de una bancada, decidiéndose por lo más sano, que es retirarlo en forma definitiva.

Creemos que esta actitud debería constituirse en una constante en el accionar de las autoridades a todo nivel, evitando confrontaciones y guerras verbales y mediáticas, que solamente conducen a crear climas de inestabilidad de la paz y la tranquilidad ciudadanas.

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