JORNADA
Sábado 20, enero 2018
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Balance judicial negativo

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martes 2, enero 2018

El país inicia una nueva aventura este 2018, con la esperanza de cambios de mentalidad y acciones que hagan posible rescatar lo bueno, y desechar lo pernicioso; y uno de los factores que enerva la relación de la comunidad nacional con el Gobierno, es el sistema judicial que debería virar y hasta invertir su accionar que ha sido observado por propios y extraños. La justicia está en deuda con el pueblo boliviano, con el Estado y con la conciencia de los magistrados que dejan sus funciones, y los que llegan vienen con un pesado fardo de la negativa ciudadana que desconfía de su integridad, posición dejada como testimonio en las urnas.

No cabe ninguna duda que la justicia boliviana durante el año pasado ha tenido el peor balance de su historial, y no por haber dejado pendientes de resolución más del 70% de las causas, o porque las cárceles se encuentran repletas de ciudadanos recluidos sin sentencia. Tampoco pesa mucho la dudosa actuación del Ministerio Público que solamente resolvió el 37% del total de casos, elementos que ya de por sí muestran que algo funciona mal, porque este problema se arrastra desde hace muchos años.

Son muchos más los factores que contribuyen a llevar a la justicia al desastre, entre ellos, la ineficiencia, la carencia de idoneidad de muchos magistrados, jueces y fiscales; la politización, la pérdida de independencia, el sometimiento al poder político y otros males que hacen estéril la lucha de aquellos jueces probos que buscan la jerarquización del sistema judicial, así como las demandas de prestigiosos jurisconsultos, y de instituciones representativas como colegios de abogados, organizaciones académicas y de las universidades.

Las críticas no solamente surgen de los litigantes, sino del propio Gobierno -autor del experimento judicial vigente-, y naturalmente de diversos sectores de la sociedad, especialmente del campo académico, que observaron con sólidos argumentos el fracaso del sistema judicial. Como señalábamos antes, las causas son muchas y tienen diverso origen, pero fundamentalmente ha sido la intromisión política la que ha distorsionado las bases y fundamentos del sistema judicial.

Lo demás es consecuencia, y hace insoslayable el fracaso del experimento político de cambio que muestra el colapso, corrupción, incompetencia, ilegalidad y desenfreno. Todo este cúmulo de hechos debería servir de base para rectificar conductas y actitudes, lamentablemente se ha reincidido en los mismos vicios para copar y someter al Poder Judicial y convertirlo, definitivamente, en un mecanismo político más para el control del poder.

Cuando se realizaban las primeras elecciones judiciales el gobierno aseguraba que el nuevo sistema de elección se convertiría en un ejemplo para el mundo. Evidentemente, se cumplió esa advertencia y es un ejemplo de lo que no debe hacerse, un ejemplo de cómo la principal garantía de justicia, convivencia y garantía ciudadana, se convirtió en un consorcio de fiscales, jueces, policías y otros funcionarios para delinquir hasta el extremo de organizar grupos de extorsión.

En este momento, pese a los intentos por tapar el escandaloso manoseo judicial, las instituciones académicas, las organizaciones sociales independientes, los litigantes y la ciudadanía observan pasmados las evidencias del peor balance de la historia de la justicia boliviana. La desazón se ha expresado en las urnas, como un testimonio del repudio.

Se ha echado por tierra el sacrificio, privaciones y riesgos de los bolivianos al construir el proceso democrático basado en la libertad y la justicia. Ese proceso está siendo defraudado, derribado con acciones inconstitucionales y abusivas que la justicia deja pasar. Por ello el repudio generalizado hacia un sistema judicial que ha defraudado al país, al Estado, a la sociedad y a los principios sobre los que se basa el estado de derecho.

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