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Chilena Quiborax demanda por 66 millones a Bolivia por anular concesión

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La Paz, (EFE/JORNADA)
viernes 16, abril 2010
JornadaNet
APG
La Ministra Arismendi informó que el Estado boliviano recusó al tribunal del CIADI por parcializarse y emitir criterios que violan la soberanía de Bolivia.
La empresa chilena Quiborax demandó por 66 millones de dólares al Estado de Bolivia debido a la anulación en 2004 de una concesión minera en el Salar de Uyuni, confirmó ayer el Ministerio boliviano de Defensa Legal.

La empresa pide un pago de 61 millones de dólares "por daños sufridos debido a la pérdida" de la inversión en Bolivia y otros cinco millones por "daños morales", explicó la fuente en un comunicado.

Si bien la demanda cursa desde 2006 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, ayer se conoció la última suma que ha planteado Quiborax como compensación por sus inversiones.

En 2004, el ex Presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) anuló la concesión de explotación de ulexita en Uyuni que tenía la empresa Non Metallic, filial de Quiborax.

La ulexita es un mineral que tiene su demanda en el mercado de la industria cerámica y la del vidrio, además de para fabricar fibra óptica y producir fertilizantes, entre otros usos.

Según el Gobierno boliviano, si bien la empresa Quiborax ha demandado 66 millones de dólares, aún debe establecerse en el proceso de arbitraje una suma "real" sobre las inversiones.

El ejecutivo de Evo Morales renunció al CIADI en mayo de 2007 con la denuncia de una presunta falta de independencia e imparcialidad de esta institución porque, a su juicio, siempre falla a favor de las empresas y no de los Estados.

Recusación

La Ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, informó ayer que el Estado boliviano recusó al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por parcializarse y emitir criterios que violan la soberanía de Bolivia, en el caso del arbitraje pedido por la empresa chilena, Quirobax.

"El Ministerio de Defensa Legal, en defensa de los intereses del Estado interpuso una recusación en contra de todo el tribunal por la recomendación que emitió como una decisión respecto a la solicitud de Quiborax, ellos deben abstenerse de emitir criterios respecto a lo que está haciendo Bolivia en todo su derecho y en defensa de los bienes del Estado", explicó a los periodistas.

Arismendi dijo que la recomendación emitida por el tribunal del CIADI tiene ciertos aspectos "inaceptables" que van en contra de la independencia de los órganos del Estado porque prácticamente cuestiona un proceso penal que lleva adelante el Ministerio Público contra funcionarios de la ex Superintendencia de Empresas involucrados en el caso.

"El tribunal ha emitido estos criterios, ha prejuzgado nuestras pruebas, prácticamente nos ha ordenado que nosotros no apliquemos nuestras leyes internas inmiscuyéndose en atribuciones que no le competen en ningún momento", enfatizó.

Asimismo, informó que la recusación está "siendo tramitada" y se espera que el tribunal, luego de realizar un análisis, determine si existe o no un monto de compensación o si Bolivia está exenta de multas.

"El monto de 66 millones de dólares es una pretensión irracional de Quiborax, que como parte demandante está en el derecho de hacerlo, pero no es un monto real ni definitivo, en el que Bolivia tenga que estar comprometido", subrayó.

Recordó que la demanda de Quiborax fue presentada antes de que Bolivia decida retirarse del CIADI, por lo que el proceso sigue ejecutándose en esa instancia.

"Es justo que Bolivia haga respetar su soberanía y sus derechos de acuerdo a su legislación, es justo que Bolivia sea sometida a un tribunal imparcial", reflexionó.

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