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Delegados de 27 países logran consenso sobre normas en caso de desapariciones

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Bogotá, (EFE)
sábado 24, abril 2010
Unos 400 delegados de 27 países alcanzaron el viernes en la capital colombiana un consenso sobre normas mínimas de protección y acompañamiento en casos de desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos en el mundo.

El acuerdo fue adoptado en la tercera y última jornada del II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que reunió a expertos de África, América, Asia y Europa.

Un total de catorce apartados conforman el consenso de normas mínimas, que tuvo como base un documento preliminar compuesto por 27 partes que fue sometido a discusiones, depuraciones y validaciones por parte de los asistentes a este congreso, cuya primera versión se celebró hace tres años en Antigua (Guatemala).

En general, este acuerdo descarga en el Estado una gran parte de la responsabilidad en la gestión de casos de desaparición forzada, lo que incluye la búsqueda de restos, el esclarecimiento de hechos, la protección de familiares y su participación en estos procesos, así como la reparación a víctimas, entre otros asuntos.

Se ha llenado "una laguna en la protección internacional, en el acompañamiento psicosocial de las víctimas", consideró el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, consultor del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de su país.

Mattarollo dijo en una reunión con la prensa que es fundamental avanzar en este camino de asistencia y acompañamiento a las víctimas en las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos y, especialmente, en los casos de desapariciones y exhumaciones.

El trabajo de este congreso "va a ser clave para África, para que no quede como el continente en el que, simplemente, se encuentra una serie de tumbas colectivas, masivas, con personas no identificadas", afirmó la directora del Equipo para Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Sudáfrica, Madeleine Fullard.

La experta resaltó que el continente africano concentra más de la mitad de los conflictos que se libran en el mundo y, como consecuencia, allí "son cientos de miles las personas que están desaparecidas".

La misma importancia otorgó a este consenso la secretaria general de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas (Afad), la filipina Mary Aileen Bacalso.

Asia está considerado el continente con "el mayor número de desapariciones", advirtió Bacalso, y apuntó que la eventual implementación formal de las normas mínimas será "supremamente útil" para los Estados y las familias de las víctimas.

Los Estados "deben considerarlo como un material de referencia vital", continuó la funcionaria filipina, con cuya opinión coincidió la cofundadora del Tribunal Internacional del Pueblo sobre Derechos Humanos y Justicia en India (IPTK), Angana Priyabhashini Chatterji.

"Este trabajo es vital para la reparación de aquellas personas torturadas, desaparecidas o en el exilio, y para decir no a la violencia, que nunca tendrá justificación", expresó la activista india, que mostró la dimensión de este problema con el caso de Cachemira, territorio anexado por su país y que ni siquiera se reconoce como Estado en guerra.

En Cachemira "tenemos ya 8.000 desaparecidos y 70.000 muertos", crímenes cometidos de 1990 a 2009 por los militares indios, denunció Priyabhashini, y subrayó que el IPTK ha logrado "identificar y documentar 2.700 fosas masivas".

Las normas mínimas también fueron acogidas con especial entusiasmo por Colombia, además de Argentina, que son los países americanos con el mayor número de desaparecidos, con 50.000 y 30.000 casos, respectivamente, por cifras de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales.

"En el escenario internacional, la situación colombiana es de gran preocupación, sobre todo porque las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto (armado interno) siguen afectando la democracia", afirmó Yaneth Bautista, directora de la Fundación "Nydia Erika Bautista" por los Derechos Humanos.

La colombiana subrayó que, del total de desaparecidos en su país, unos 7.000 casos se han presentado de 2002 a 2009, en coincidencia con los casi dos mandatos del presidente Álvaro Uribe.

En cuanto al argentino, dijo Mattarollo, la desaparición fue una práctica de "terrorismo de Estado" por el que son o han sido enjuiciados o condenados militares que gobernaron dictatorialmente el país.

Por el momento, el consenso de normas mínimas será puesto en consideración de la próxima asamblea de Naciones Unidas en Lima, para obtener su respaldo con vistas a una eventual adopción por resolución.

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