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Miércoles 16, abril 2014
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Juicio por Octubre Negro en su última etapa conclusiva
En Sucre, mañana se reinicia audiencias en el Juicio de Responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, ex Alto Mando Militar y ex Gabinete. En las dos próximas semanas el Fiscal General podría solicitar al Tribunal Supremo dicte sentencia de condena o de absolución.

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Redacción JORNADA
lunes 4, julio 2011
JornadaNet
EFE
El juicio por los luctuosos hechos de septiembre y octubre de 2003 llegará a su fin, después de un poco más de dos años de audiencia de juicio. Este martes 05 de julio se reinician las audiencias después de un breve receso por la intervención quirúrgica de uno de los acusados, Gral. Juan Veliz. La Fiscalía comenzó sus alegatos finales y luego se dará oportunidad procesal a los abogados de las víctimas y la defensa. El Ministerio Público deploró en sus conclusiones la intervención militar en contra de población civil indefensa que generó 68 muertos y muchos heridos.

La justificación para que militares intervengan los conflictos de septiembre y octubre de 2003 fue atribuida a la presencia de un foco guerrillero, hecho no comprobado que según el Ministerio Público solo sirvió de un pretexto para la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Juicio histórico

Es el primer juicio de responsabilidades que se inició el 18 de mayo de 2009 y concluirá en un Gobierno democrático.

La primera vez que el Alto Mando Militar deja de ampararse en la obediencia debida y asume su responsabilidad personal.

Es el primer juicio de responsabilidades que se desarrolla con el nuevo sistema oral.

Se presentaron 345 testigos, de los cuales 328 corresponden a la Fiscalía. Superan 2.000 documentos y más de 500 pruebas materiales".

Los rebeldes y contumaces.

Los acusados ausentes: Gonzalo Sánchez de Lozada y Bustamante, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Andrés Kukoc del Carpio y los ex Ministros que huyeron de Bolivia.

Los siete acusados presentes

Gral. Roberto Claros ex Comandante en Jefe de las FF.AA., cuya abogada es la Dra. Mercedes Solís, ex Fiscal en lo Penal de La Paz; Gral. Gonzalo Rocabado, ex Jefe de Estado Mayor de las FF.AA., cuyo abogado es el Dr. Pablo Ruiz, penalista; Gral. Juan Veliz Herrera, ex Comandante General del Ejército, cuyo abogado es el Dr. Germán Quiroz; Gral. José Osvaldo Quiroga, ex Comandante General de la Fuerza Aérea, cuyo abogado es el Dr. Adrián Zárate; Almirante Alberto Aranda Granados, ex Comandante General de la Armada, cuyo abogado es el Dr. Julio César Sandy, docente y penalista.

Los dos únicos civiles, ex Ministros de Estado, que afrontan y están presentes durante todo el juicio: de Trabajo, Adalberto Kuajara y de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Erik Reyes Villa, asistidos de su abogado Ariel Coronado, catedrático de Derecho, penalista.

Abogados de la parte civil: Rogelio Mayta y Ávalos, penalistas, serán encargados de hacer conocer la acusación particular. Ambos letrados incursionan por primera vez en un Juicio de Puro Derecho, cual es el de Responsabilidades contra altos dignatarios de Estado. En opinión de los analistas jurídicos Dr. José Luis Valencia, Carlos Crespo Elío por los datos del proceso se resalta lo siguiente:

La estrategia de los operadores militares en principio se basó en intentar acogerse a la subordinación militar al contexto político. Desbaratado por el Ministerio Público ese argumento inconsistente, durante el juicio ingresaron en contradicciones y se acusaron entre militares, desestimando "la obediencia común". Al concluir el juicio centraron su accionar en señalar que obedecieron instrucciones de la clase civil, en sus declaraciones insistieron que estaban supeditados al orden jerárquico interno en lo militar.

Estrategia de los Ministros civiles presentes en el juicio: probar que el Decreto no contenía ninguna instrucción de matar u ocasionar víctimas fatales y su no participación intelectual ni material en los hechos que se enjuicia.

La verdad histórica y la amplia documentación presentada por las víctimas y el Ministerio Público demuestra que los militares (Alto Mando de las FF.AA.), dos meses antes de los sucesos de Warisata y del Decreto habían movilizado efectivos a nivel nacional, obedeciendo instructivas del Capitán General de las FF.AA.,Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus operadores de área Carlos Sánchez Berzaín, Ministro de Defensa y de Yerko Andrés Kukoc del Carpio, Ministro de Gobierno y de Seguridad Interna.

El Presidente Constitucional testigo de cargo

Juan Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, citado como testigo de cargo, en respuesta al cuestionario propuesto por el Fiscal General Mario Uribe, manifestó: "que en fecha 20 de octubre de 2003, junto a otros representantes nacionales de ese entonces, presenté proposición acusatoria para la instauración de juicio de responsabilidades en contra del ex Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, los ex Ministros de Estado, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Andrés Kukoc del Carpio y contra todas las ex autoridades y personas que resultaren, autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos sangrientos ocurridos en el país entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre de 2003".

El testigo, actual Presidente, se "ratificó íntegramente en el memorial de proposición acusatoria".

El Fiscal encargado del caso: Dr. Milton Hugo Mendoza Miranda, nacido en La Paz, abogado de litigación avanzada, tuvo a su cargo varios casos públicos exitosos, entre ellos el descubrimiento y sanción a la organización criminal del ex Gral. de Policía, Blas Valencia y la condena al ex Comandante General de la Policía, Gral. Walter Osinaga. También estuvo a cargo de la investigación del asesinato del ex Alcalde Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, descubriendo a los responsables.

Tiene 19 años de abogado y 10 de ellos dedicados a la defensa de la sociedad como Fiscal. Actualmente también es Presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia. Diplomado en Estudios Superiores en Procedimiento Penal y Juicio Oral. En Gestión, Ciencias Forenses y Policiales. Post Grado en Derecho Procesal Penal, en curso la Maestría en Derechos Humanos, asistió a seminarios de Derecho Penal en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Chile.

Elegido Vocal de Corte de Justicia del Departamento de Chuquisaca, renunció al cargo a pedido de "las víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003 hasta que concluya el juicio oral". Actual Fiscal de Recursos Comisionado a la Fiscalía General de la República dentro los Juicios de Responsabilidades a Altos Dignatarios de Estado.

Es docente universitario. Habla español, quechua. En criterio de varios profesionales del derecho, es una persona idónea, altamente capacitado en materia penal y garantías procesal constitucionales, enmarcando sus actuados a normas legales, a la "servidumbre que no mancha" cual expresara el ilustre jurisconsulto, Pantaleón Dalence.

(Nota de Redacción: Nuestros redactores extractaron referencias del curriculum vitae de los abogados citados, que esta a disposición de la opinión pública tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema).

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