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Lunes 24, noviembre 2014
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En vigencia Leyes de Trata y Tráfico de personas, y de Seguridad Ciudadana
Con el propósito de erradicar y prevenir hechos delictivos en el país, se endurecen las penas para los delitos que atentan contra la vida, los derechos humanos y la integridad física de las personas.

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La Paz, (JORNADA/Agencias)
miércoles 1, agosto 2012
JornadaNet
APG
El Presidente Evo Morales promulgó ayer martes las Leyes Integral de Trata y Tráfico de Personas y del Sistema de Seguridad Ciudadana que tienen el objetivo de erradicar y prevenir hechos delictivos en Bolivia.

En un acto realizado en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado promulgó la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, que incorpora nuevos tipos penales para sancionar a las personas que comentan ese ilícito.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, sostuvo que el delito de trata y tráfico es considerado como la "esclavitud del siglo XXI", porque menoscaba el ejercicio de los derechos de las personas.

"Estamos incorporando nuevos delitos, como la violación sexual comercial. Es decir que modificamos el Código Penal y hemos determinado que a partir de esos nuevos tipos penales se dé la posibilidad de un procedimiento penal eficiente que nos dé la posibilidad de investigar, procesar y sancionar", señaló.

En esa dirección, Delgado aseguró que la Ley de Trata y Tráfico es un instrumento legal para la instancias judiciales, fiscales policiales y las Fuerzas Armadas que tiene el objetivo de "luchar contra el flagelo de la trata y el tráfico".

"No es poca cosa que podamos realmente tomar la decisión como Estado Plurinacional de tener una Ley Integral que ha tomado en consideración los datos estadísticos que existen en el país de todos esos delitos", dijo.

Subrayó que a través del trabajo colectivo entre el Legislativo y varias instituciones se construyó la norma que se aplica en tres ámbitos: de protección; prevención y de persecución y sanción penal.

"Estamos dando en el ámbito de persecución y sanción penal los instrumentos necesarios para perseguir esos delitos que son de crimen organizado nacional e internacional", enfatizó.

Asimismo, el Primer Mandatario promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana, que según el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, endurece las penas para los delitos que atentan contra la vida, los derechos humanos y la integridad física de las personas.

La norma modifica el Código Penal y sanciona con reclusión de 3 a 5 años la evasión o fuga de quien se encuentre legalmente detenido o condenado, según sus disposiciones finales.

"Si la fuga se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de 5 a 8 años, según la disposición final de modificación del Artículo 180 de la Ley Penal", explicó el Ministro.

Con esta Ley se reforma el Artículo 261 del Código Penal y sanciona con cárcel de 1 a 3 años a quien resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado.

La Ley de Seguridad Ciudadana modifica además el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal y determina que las medidas sustitutivas a la detención preventiva pueden ser revocadas cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas, cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad, cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Para una Vida Segura, es una Ley que surge del consenso entre el Gobierno, los gobiernos departamentales y municipales, la Policía Boliviana y la sociedad representada por sus instituciones.

"Los recursos económicos están previsto en esta Ley por tanto se prevé una asignación del 10 por ciento del IDH que se trasfiere a gobernaciones y municipios para cubrir estas tareas de seguridad ciudadana. Esto ya se ha consensuado en la cumbre de Cochabamba", explicó

Igualmente, explicó que habrá una mayor penalización contra delitos que atentan contra la integridad física entre los que ejemplificó las violaciones, agresiones, el homicidio.

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