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Ley de Deslinde Jurisdiccional confirmó primacía de justicia ordinaria sobre la indígena

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La Paz, (JORNADA/Pieb)
lunes 4, marzo 2013
La Ley de Deslinde Jurisdiccional aprobada en diciembre de 2010, confirmó en la práctica, la primacía de la justicia ordinaria sobre la indígena, originaria, campesina, y reveló contradicciones en la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE) y los usos y costumbres de los pueblos al momento de administrar justicia, afirma el estudio "Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿avances o retrocesos en la aplicación de la justicia indígena?", del antropólogo y lingüista, Pedro Velasco.

Velasco desarrolló su trabajo de campo en la localidad de Sacaca, primera sección de la provincia Alonso de Ibáñez en el extremo norte del departamento de Potosí, con el propósito de responder si hubo avances o retrocesos en la aplicación de la justicia indígena originaria campesina, luego de contarse con la Ley 073.

Según el investigador los principales puntos de conflicto se generaron al momento de aplicar los Artículos 191 y 192 de CPE y la Ley de Deslinde Jurisdiccional donde "la práctica jurídica de la ley deja entrever dificultades en su aplicación".

El Artículo 191 en su parágrafo I señala textual "La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino". Mientras que la II continúa: la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial. En ese orden, la justicia indígena no alcanza a las personas que no sean parte de la comunidad.

Velasco indicó que del análisis de algunos artículos que resultan ser ambiguos de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en relación a la CPE, se establece que si bien el espíritu de la norma buscó situar a la justicia indígena en igualdad jerárquica frente a la jurisdicción ordinaria, en los hechos, la justicia occidental se impuso.

"La falta de socialización tanto de parte de las autoridades de la justicia ordinaria como de las indígenas originario campesina, determina que las autoridades indígenas no hagan prevalecer sus prerrogativas ante el supuesto amparo de la nueva legislación, mientras que las autoridades de la jurisdicción ordinaria se siguen rigiendo exclusivamente con la normativa tradicional que tiene prioridad y primacía a la ley escrita", señala.

Por otro lado, explica que si bien el capítulo dos de la ley de Deslinde Jurisdiccional referida a los derechos fundamentales y garantías constitucionales respeta, promueve y garantiza el derecho a la vida y demás derechos, es más declarativa que real "porque los chicotazos contra los infractores de la norma comunal representan una parte esencial de la personalidad y la identidad del derecho indígena -sobre todo- en tierras altas, donde se sigue practicando esta forma de sanción".

La Ley 073 según el antropólogo trata de "humanizar" a la justicia indígena a la que sin decirlo abiertamente, considera violenta y transgresora de los derechos humanos universalmente reconocidos, y por eso define la delimitación de funciones y competencias.

En su análisis también menciona el investigador que si bien la norma aboga por la igualdad de género, cuando señala que se garantiza el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia, permanencia, acceso igualitario a los cargos, control y participación en la administración de la justicia, este contenido choca abiertamente con la práctica real de la justicia indígena.

"La mujer ocupa una posición complementaria ya que los cargos son ocupados por los hombres y las mujeres solo de manera accidental o coyuntural -cuando el varón se asunta de la comunidad- asumen un cargo de manera pasiva, excepto algunos casos", afirma.

La ley de Deslinde Jurisdiccional - según el investigador-, no pretende rescatar los usos y costumbres de las comunidades indígena originaria campesina en su integridad, sino solo algunos elementos que no contradigan la visión de los derechos humanos universales y los principios de derecho occidental cuya base y sustento ideológico es el liberalismo.

Claro ejemplo de esas limitaciones menciona el investigador, es el hecho que en materia penal, la jurisdiccional indígena originaria campesina no tienen competencia para conocer ni resolver delitos de asesinato u homicidio, violación, en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, narcotráfico, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, corrupción, tributarios y aduaneros, terrorismo, crímenes de lesa humanidad, entre otros, ni tampoco intervenir en casos de la jurisdiccional civil y/o agroambiental.

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