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Prohiben actos racistas, alcohol y fuegos artificiales en estadios

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La Paz, (EFE)
jueves 7, marzo 2013
JornadaNet
APG
El Gobierno aprobó ayer un decreto para reforzar el control en los estadios tras la muerte del menor de 14 años Kevin Beltrán durante un partido de Copa Libertadores jugado el 20 de febrero en Oruro entre San José y Corinthians.

El decreto oficial tomó como referencia nueve "instrumentos internacionales" sobre seguridad en eventos deportivos, así como normas adoptadas por otros países latinoamericanos, precisó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El decreto establece responsabilidades para las autoridades, las asociaciones deportivas, las hinchadas y los administradores de los estadios.

Prohíbe a los espectadores ingresar ebrios o drogados a los estadios, o vistiendo "indumentaria que impida la verificación" de su identidad, así como el ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, objetos contundentes, explosivos y fuegos artificiales.

Además, ordena la instalación de cámaras de vídeo en todos los escenarios deportivos del país y veta el uso de publicidad o banderolas con lemas violentos u ofensivos al equipo contrario.

"Con esta norma, hay la necesidad de convertir el fútbol en una verdadera fiesta deportiva y no en un evento que nos deje luto", declaró Romero.

Beltrán, hincha del San José boliviano, falleció por el impacto en el ojo derecho de una bengala lanzada desde la barra del Corinthians brasileño que celebraba el gol marcado por el delantero peruano Paolo Guerrero. El partido terminó igualado 1-1.

Doce fanáticos del Corinthians permanecen presos en Oruro acusados de responsabilidad en la muerte de Beltrán, pese a que un joven brasileño de 17 años declaró a la Justicia de su país haber lanzado la bengala.

El canciller de Brasil, Antonio Patriota, que estuvo el fin de semana en Bolivia, lamentó el deceso de Beltrán y pidió a las autoridades bolivianas que garanticen "el pleno derecho de defensa a los brasileños y condiciones dignas en la cárcel".

Al respecto, Romero comentó hoy que se trata de "un delito que se ha producido en territorio boliviano" y, por lo tanto corresponde a la jurisdicción boliviana resolverlo.

"Se ha señalado a las autoridades de Brasil que por nuestra parte se garantiza simplemente un respeto estricto a lo que manda la legalidad", añadió el ministro boliviano.

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